En texto de ley sobre las psicoterapias había devenido inevitable: las asociaciones de psicoterapeutas hacían muchos esfuerzos en ese sentido desde 1990. Los sindicatos de psiquiatras y de psicólogos anhelaban también una reglamentación, aunque es cierto que en un sentido muy diferente. Finalmente el Estado estaba igualmente deseoso de reglamentar un sector que, bajo una etiqueta de salud mental, recubría a menudo actividades sectarias, o en todo caso propicias a excesos transferenciales. La gran mayoría de las asociaciones psicoanalíticas no deseaba una reglamentación, y después de haber hecho lo posible por evitarla, consideraron que su problema principal había devenido ser consideradas ellas mismas como asociaciones de psicoterapeutas. En efecto, los institutos de evaluación, como el ANAES, así como diferentes informes solicitados por el Estado consideraban al psicoanálisis como una psicoterapia entre otras. No retomaremos aquí el movimiento de balanza que se produjo entre la Cámara de Diputados y el Senado, pasando de la catástrofe Accoyer al maquillaje Mattei para, después de un peligroso vals-vacilación en el Senado, terminar en un texto que salva lo esencial. Este vals-vacilación en el Senado giró alrededor de definiciones precisas pero sutiles, no siendo la menor entre ellas aquella entre “psicoterapeutas” y “habilitación para ejercer las psicoterapias”. Si se hubiera tratado de un título de “psicoterapeuta”, no habríamos podido escapar a las evaluaciones del ANAES, y a las recomendaciones de los diferentes informes (Cléry-Melin y otros). Tratándose de la “conducción de las psicoterapias”, todos estos informes y evaluaciones del ANAES, preparados con mano larga, devienen caducos de un solo golpe. Quedan únicamente los títulos de aquellos que están habilitados para la conducción de las psicoterapias, si así lo quieren, es decir, los médicos, los psicólogos y los psicoanalistas inscriptos en una institución. Esta última cláusula no concierne más que a un número ínfimo de psicoanalistas, es decir aquellos que no son ni médicos ni psicólogos y que desean ejercer otra cosa que el psicoanálisis, es decir psicoterapias. A través de este desvío, ciertamente retorcido, el psicoanálisis es así reconocido por la ley en un estatuto de excepción: cosa que es una primicia mundial.
Este texto, lo hemos dicho, tiene como primera ventaja el distinguir al psicoanálisis de las psicoterapias. Pero algunos han subrayado que el cuarto parágrafo comporta una contradicción en relación al tercero. En efecto, la “formación teórica y práctica en psicopatología” podría indicar que existe la obligación de un diploma universitario. Sin embargo, no es lo que dice la ley, que no ha mencionado la universidad, y un decreto de aplicación no podría sobrepasar el cuadro fijado por el legislador. La capacidad de las asociaciones psicoanalíticas para dar una formación en psicopatología queda reconocida de esta manera. No obstante, es cierto que hay que permanecer alerta respecto de los decretos de aplicación, a propósito de los cuales el ministro declaró que se tomaría todo el tiempo necesario. En este sentido, las asociaciones que reflexionan en el “Grupo de contacto” le han hecho saber al ministerio que ellas solicitaban participar de las consultas. Sea como fuere, la confrontación de ideas a propósito del psicoanálisis y las psicoterapias durante los meses transcurridos ha devenido un debate social. Los debates muy vivos que se mantuvieron durante muchos meses han permitido hacer avanzar considerablemente, y en especial respecto de los legisladores, distinciones como aquella que hay entre psicoterapia y psicoanálisis. Esta diferencia por otra parte, era opaca para la mayor parte de los psicoanalistas mismos. Aparecieron divergencias entre la mayor parte de las asociaciones psicoanalíticas y una concepción pre-freudiana de la psicoterapia (que sólo fue sostenida por la E.C.F.). El “Manifiesto por el psicoanálisis” y el “Frente de rechazo” han mostrado –ciertamente- buenos sentimientos, ¿pero concernían estos, a los compromisos y riesgos del momento? La situación del psicoanálisis sale de esto, profundamente transformada. La responsabilidad y el rol de las asociaciones psicoanalíticas tienen a pesar de todo un estatuto reconocido, y dependerá únicamente de la inventiva y de la dinámica de estas asociaciones el que sean capaces de mantener su autoridad y su relativa posición de excepción. En efecto, y hasta hoy, las asociaciones psicoanalíticas inspiran un respeto suficiente para que nadie pueda poner en duda su legitimidad, aunque el título de psicoanalista no esté protegido. No dejará de ser así más que con la condición de extraer partido de la nueva situación. A falta de este esfuerzo positivo el legislador corre el riesgo de intervenir otra vez dentro de algunos años, esta vez en detrimento nuestro.